El Estado nacional y algunos gobiernos municipales están obteniendo resultados concretos en el combate contra la trata de personas. Hay procesamientos firmes, inclusive para este mes se esperan juicios orales, donde por primera vez los criminales podrán ser acusados del delito de trata.
En abril de 2008 el delito de trata fue tipificado y desde su vigencia se rescataron 445 víctimas. El 95 por ciento son mujeres y niñas de diferentes nacionalidades (argentinas, paraguayas, dominicanas y bolivianas). También quedaron detenidas unas 326 personas, incluyendo reclutadores y explotadores de la prostitución ajena y laboral, según la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, a cargo de Zaida Gatti.
La justicia dictó 34 procesamientos, de acuerdo a los datos brindados a Artemisa Noticias por el fiscal Marcelo Colombo, director de la UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas remitió). El funcionario informó además que 'el 25 y el 26 de noviembre iniciaran los primeros dos juicios orales, uno en la Ciudad de Santa Fe y otro en la localidad del Dorado, Misiones. Este avance es importante porque se producirán las primeras sentencias condenatorias desde la sanción de la Ley de trata (26.364)', agregó.
Zaida Gatti añadió que hay otras cuatro causas que fueron elevadas a juicio oral y están en trámite en los juzgados federales de Azul y Mar del Plata (Buenos Aires), Paraná (Entre Ríos) y Comodoro Rivadavia (Chubut). Estos índices reflejan que en primera instancia las personas detenidas fueron encontradas responsables del delito de trata.
En cuanto a los procesamientos, 24 ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Lomas de Zamora, La Plata, San Martín, 3 de Febrero, Morón, Mar del Plata, mientras que en el interior (La Pampa, Salta, Posadas, El Dorado y Paso de los Libres) se dictaron 10.
Un debate que no cesaLos mismos revelaron dos escenarios diferentes en el modo de intervención de la justicia federal. Por un lado están los jueces que hacen una interpretación adecuada de la Ley 26.364, porque tienen en cuenta todos los supuestos que configuran el delito de trata. Concretamente, consideran la condición de vulnerabilidad de la víctima mayor de edad. Sobre todo en situaciones de trata con fines de explotación sexual, estos funcionarios judiciales han constatado no sólo que la víctima viene de una región empobrecida, sino que también recibieron una oferta laboral fraudulenta.
Por otro lado, hay tribunales cuyos responsables hacen interpretaciones restringidas de la norma penal cuando la víctima tiene más de 18 años. Esta/os jueces 'han dado un valor bastante extendido al tema del consentimiento, creyendo que una persona está en situación de trata solamente si ha existido violencia física o no ha podido dejar el lugar en que se facilitaba la prostitución', reconoció Colombo.
El consentimiento de la víctima mayor de 18 generó polémicas entre las y los legisladores nacionales durante el tratamiento de la Ley de trata. Estaban quienes exigían que no se consignara porque obstaculizaría la posibilidad de probar el delito. 'Lo cierto es que la norma obliga a fiscales y jueces a verificar otras circunstancias que puedan estar presentes además de la violencia física, por ejemplo el engaño y el abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad', aclaró el director de la UFASE.
De todas maneras Colombo cree que 'aún es temprano para proponer una reforma de la Ley', aunque aclaró que no descartan esa posibilidad. Además 'la norma tiene una vigencia relativamente corta, recién empieza a consolidarse una jurisprudencia sobre cómo interpretarla'.
Hay un proyecto de reforma de la Ley 26.364 en manos del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El mismo fue redactado en el Programa Las Víctimas contra Las Violencias, a cargo de la psicóloga Eva Giberti, e introduce modificaciones en el tema del consentimiento de la víctima, entre otros mandatos. La iniciativa está siendo evaluada.
Por su parte, con el fin de mejorar la interpretación de la norma vigente, la Unidad Fiscal a cargo de Marcelo Colombo elaboró una serie de instructivos (res PGN 94/2009 y Res PGN 99/2009) que establecen por ejemplo pautas para tomar declaraciones a la víctima de trata, de manera de enriquecer la investigación y probar el delito. Estos documentos se distribuyeron entre fiscales y jueces de todo el país. Se produjo asimismo una publicación conjunta con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y una base de doctrina y jurisprudencia publicada en la página web del Ministerio Público Fiscal.
La Pampa, Morón y más
La subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, Mónica Molina, confirmó que la apreciación de magistrados del delito de trata efectivamente está cambiando. 'En La Pampa hay una persona procesada por este crimen, justamente porque la justicia no tuvo en cuenta la edad de la víctima, sino que consideró la condición de vulnerabilidad de la misma y el modo en que llegó a ese estado', precisó la funcionaria, que fue gravemente amenazada debido a las acciones que impulsa desde el cargo que ocupa en el tema de la trata de personas (ver recuadro).
La persona procesada por facilitar la explotación de la prostitución ajena es Omar Javier Ulrich y lleva detenido 5 meses. Fue denunciado por una mujer de nacionalidad boliviana, quién siendo engañada terminó explotada sexualmente en una whiskería en la ciudad pampeana de 25 de mayo. 'Este procesamiento desmiente lo que se decía en febrero en la provincia de La Pampa sobre que no había trata de personas en la región', recordó Molina.
El municipio de Santa Rosa dio un paso adelante en la lucha contra este flagelo cuando en mayo ordenó el cierre de whiskerías y cabarets como forma de combatir la trata de mujeres para explotación sexual; luego derogó la ordenanza que la reglamentaba, referida a libretas sanitarias con contenido ginecológico para alternadoras. Otros municipios como el de General San Martín están replicando las medidas adoptadas por Santa Rosa.
En ese contexto la subdirectora Molina explicó: 'Estas medidas facilitan la investigación judicial, y al mismo tiempo perjudican el negocio de los tratantes. Ahora están buscando reconvertir ex cabarets en pubes, pero instalar un pub es más costoso. También intentan abrir nuevos locales en las ciudades donde no hay este tipo de medidas. Creo que cada municipio debe decidir si habilita ese tipo de lugares y si lo hace debe controlarlos'.
Morón es uno de los municipios bonaerenses –la provincia con mayor número de criminales procesados por el delito de trata, que esperan el enjuiciamiento oral– que sale a inspeccionar locales como pubes para controlar que no se esté desarrollando un comercio ilícito. La concejala del partido Nuevo Morón Cinthia Frías lleva un registro de domicilios clausurados y en general se cierran por falta de habilitación municipal, explotación del rubro prohibido, comercialización de alcohol sin la licencia correspondiente y falta de medidas de seguridad. En septiembre de este año, el Municipio creó el Foro Local de la Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas (RATT), junto a organizaciones de la comunidad para contribuir en la lucha contra la trata y el tráfico de personas para la explotación sexual y laboral
Hacer cumplir el abolicionismoEl fiscal Marcelo Colombo coincide en que 'hay que debatir el rol de las jurisdicciones provinciales y municipios en el tema de la habilitación de whiskerías, cabarets y clubes nocturnos'. Según el funcionario, tanto la existencia de esos locales como de ordenanzas que favorecen la explotación de la prostitución, ponen de manifiesto un fenómeno grave que ocurre en todas las provincias del país: la vulneración de la Ley 12.331 que en 1936 prohibió las casas de alternancia en las que se ejercía la prostitución, y el incumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena suscripta por Argentina en 1949. 'Implicaría que las autoridades locales actúan contrariamente a las normativas vigentes y abalan la situación de trata', denunció el director de UFASE.
Esas medidas en el ámbito de los gobiernos locales tienen una estrecha conexión con el problema de la trata de personas. Hay estadísticas que prueban este vínculo: el 51 por ciento del total de casos de trata tienen por fin la explotación sexual comercial (34% la explotación laboral), mientras que el 74 por ciento de casos se detecta en el lugar de explotación (3% durante el reclutamiento y no hay índices de detección del delito en el transporte o traslado de la víctima). Estas mediciones surgen de las 102 investigaciones preliminares llevadas adelante por la Unidad Fiscal entre abril de 2008 y octubre de este año (ver recuadro).
Estas evidencias llevaron al procurador general de la Nación, Esteban Righi, a instruir a las y los fiscales en materia penal de todo el país que actúen en causas donde se investiguen situaciones de trata, que soliciten al juez actuante la intervención del municipio para la clausura del local, cuando esté funcionando bajo la apariencia de un comercio lícito. También instó a los concejos deliberantes a eliminar las regulaciones ilegales de la explotación de la prostitución ajena.
'La trata tiene una modalidad delictiva compleja, está asociada a situaciones culturales que estuvieron permitidas, como la explotación de la prostitución ajena. Como operadores judiciales debemos robustecer el discurso sobre que Argentina cuenta con un sistema abolicionista y respetarlo es una buena manera de prevenir el delito de trata', concluyó Colombo.
