¿Qué es ser zapatista?, si tú me preguntas yo creo que es porque traigo zapatos. No tengo ningún saber de lo que preguntas", respondieron tres hermanas tzeltales el 4 de junio de 1994, detenidas en un retén militar, acusadas de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), antes de ser violadas por militares en el municipio de Altamirano, Chiapas.El caso, presentado dos años después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentó un precedente en el Sistema Interamericano que, por vez primera, reconoció la violación sexual como tortura y determinó que este delito cometido por militares fuera investigado en el fuero civil.
Hace ocho años, la CIDH interpuso una recomendación para que el Estado mexicano le informara sobre los avances alcanzados en la impartición de justicia y la reparación del daño a las mujeres, pero el pasado 4 de junio el plazo venció sin que las autoridades del país rompieran el silencio.
LA HISTORIA
El 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales de Santa Rosita Sibaquil, municipio de Altamirano, Chiapas, salieron, como siempre, acompañadas de su madre Delia a vender sus verduras en el centro de la cabecera municipal.
En el municipio, tras el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, los retenes militares eran parte de la vida cotidiana del lugar, relatan las hermanas en el libro Las Alzadas.
El 4 de junio de 1994 pasaron el retén militar para ir a vender. "A la entrada nos aventaron, se cayeron nuestras cosas, tiraron todo al suelo, eran varios", relata la hermana mayor.
"¡Ustedes fueron las que tomaron Altamirano, ustedes son zapatistas, ustedes hicieron todo este daño!", gritaba un soldado, quien las intimidó con mandarlas al penal de Cerro Hueco o matarlas.
Las aventaron, las jalaron, las patearon. Fueron llevadas al cuarto de descanso de los militares, donde les advirtieron que tenían que quedarse una noche "para no dar parte a la autoridad".
"Confiesen, digan dónde están sus capuchas, sus armas. Si se quedan se salvan. No tiene nada de malo que se queden, no van a tener familiar, no les pasará nada", insistía un militar.
La hermana mayor desafió a los militares: "¿Qué es ser zapatista?, si tú me preguntas yo creo que es porque traigo zapatos. No tengo ningún saber de lo que preguntas". En respuesta recibió una bofetada.
Fueron violadas tumultuariamente mientras otros observaban. Su madre escuchaba sus gritos a lo lejos, donde era amagada y encañonada por los militares.
Las hermanas denunciaron el hecho ante el Ministerio Público Federal el 30 de junio de 1994. Se les hizo un examen médico ginecológico y ratificaron su denuncia el 30 de agosto, relata el informe No. 129/99 de la CIDH.
El expediente se trasladó a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, cuando el MP se declaró incompetente para investigar.
El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos mediante un boletín de prensa, donde señalaba que en la investigación que realizó —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E— se desprendió que la imputación a los militares era "completamente falsa", pues no incurrieron en infracción a la disciplina militar.
EL CASO
Como en casos similares, donde soldados cometen violación contra civiles, la justicia militar resultó en impunidad, por lo cual el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunció ante la CIDH el 16 de enero de 1996 la detención ilegal, violación, tortura y falta de investigación y reparación del daño a las tres mujeres tzeltales.
Se violaron varios derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), documentó el Cejil, entre ellos el de la integridad y libertad personal; el de las garantías judiciales; la protección de la honra y de la dignidad, y los derechos del niño, ya que una de ellas tenía 16 años.
La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999 y en abril de 2001 recomendó al Estado mexicano, como responsable por la violación a varios derechos de la CADH, que investigara completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana los hechos para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño y que el caso se turnara a la justicia civil.
Ocho años después, la recomendación no se cumple y el caso está archivado en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH mostraron desinterés.
Según el Estado, no se cumplieron las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello decidió cerrar el caso.
Martha Figueroa Mier, abogada del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, explicó a Cimacnoticias que la Procuraduría de Chiapas se "ofreció como intermediaria" para realizar las diligencias que faltaban para entregar el caso a la justicia civil": completar la declaración de las víctimas, una pericial fotográfica (identificación de los agresores a través de fotografías) y ratificar la denuncia de la madre y la hermana menor.
En marzo de 2008 se acordó realizarlas el 21 de mayo de 2009. En mayo pasado, la Procuraduría de Chiapas amplió y ratificó la denuncia de las tres hermanas y de su madre, y realizó la pericial fotográfica.
El pasado 4 de junio venció el plazo para que el Estado mexicano informara a la CIDH y, a partir de esta fecha, los peticionarios tendrán ocho días hábiles para presentar su informe sobre los avances del mismo. Pero Figueroa duda que el caso pase a la justicia civil, "los militares no lo van a soltar", dice.
Por eso, las distintas organizaciones que apoyan a las hermanas González inician una campaña de presión para exigir justicia al Estado mexicano.
Fuente: Cimac Noticias
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